La empresa minera canadiense Bear Creek manifestó en un comunicado que la decisión del Gobierno peruano de cancelar la concesión ha supuesto "daños significativos para la compañía" y que "las acciones de Perú violan el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Perú, las leyes peruanas e internacionales".

El gobierno del ex presidente Alan García canceló en junio de 2011 la concesión de Bear Creek, que había sido concedida en 2007 a través de un decreto presidencial, después de violentas protestas en la región de Puno por parte de indígenas aimaras.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Cornejo, aseguró en octubre del año pasado que estaba buscando, precisamente, una "solución amistosa" con la minera, pero la amenaza de la minera muestra que no se ha avanzado en ese camino.

Bear Creek explicó que la mina de Santa Ana contiene unas reservas probadas y probables de 63,2 millones de onzas de plata

"La resolución con éxito de estos asuntos y la devolución a Bear Creek del derecho a operar Santa Ana es crítico para que la compañía tenga la capacidad de conseguir la financiación para la construcción de Corani", dijo entonces el director ejecutivo de Bear Creek, Andrew Swarthout.